Consumo vigila la información sobre C02en la venta de coches.

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León realizará hasta finales de este mes una campaña para controlar la información que se presta a los compradores sobre consumo de combustibles y emisiones de CO2 en los vehículos tipo turismo que se pongan a la venta en la comunidad.

Se trata de una medida de carácter nacional, diseñada de manera conjunta por las autonomías y el Gobierno central, en la que intervienen, además de Castilla y León, Andalucía, Galicia, Murcia y Valencia. El objetivo de esta actuación, desarrollada por la Dirección General de Salud Pública y Consumo, es verificar si se informa adecuadamente a los consumidores y usuarios tanto del consumo de combustible por parte de los turismos, como de las emisiones del citado gas. La Directiva 1999/94/CEE, aprobada por el Parlamento y el Consejo Europeo plantea la importancia de la información a los consumidores en los objetivos de reducir la emisión de gases contaminantes producida por los vehículos.

Fuente: UCALE / Diario de Leon 12/04/05

Alerta ante la llegada de un nuevo timo, el de las videocámaras.

Mínimo riesgo y máximo beneficio. Ésta ha sido siempre la máxima del timador que, con el avance y la masificación de las nuevas tecnologías, se ha puesto al día y haintroducido un nuevo timo en el mercado: el de las videocámaras. Una estafa que ha sido denunciada ya por un salmantino en la delegación de la Unión de Consumidores de España.

Al parecer, el ciudadano adquirió la cámara en las proximidades del Rastro y a un mínimo precio. Pero al llegar a casa, comprobó con tristeza que el supuesto ‘chollo’, no era más que una trampa. Pero además, a finales de la semana pasada, la Comandancia de la Guardia Civil informaba de la incautación de cinco cámaras de vídeo con anagramas de la marca JVC que se comprobó eran falsas. Las cinco videocámaras halladas en el turismo alcanzarían en el mercado un valor de 2.100 euros. El conductor del mismo, un súbdito portugués, está acusado de un presunto delito contra la propiedad industrial. En el aparcamiento de una gran superficie comercial o en las proximidades de un mercadillo, el timador acecha a su próxima víctima. Cuando la encuentra, le asegura que la cámara –siempre oculta en la carcasa de una conocida marca– vale el doble, pero la se la deja a mitad de precio por tratarse generalmente de una cámara robada. La que parece una gran oferta no es más que un timo. La cámara es una mala falsificación que, en muchos de los casos, ni graba.En realidad es una estafa encubierta, porque quien compra el aparato se cree que compra una cámara buena, pero tan sólo sirve para tenerla en el salón o en el dormitorio de adorno.El Cuerpo Nacional de Policía ha detectado ventas de estas cámaras en Barcelona, pero también en Alicante, Palma de Mallorca y Madrid, a precios que oscilan entre los 50 y los 500 euros, mientras que las de su imitada marca no bajan de los 600. Las cámaras ofrecen características que no tienen, como un visor óptico que no existe o una pantalla LCD de calidad ínfima. A tal punto ha llegado la estafa que la multinacional JVC ha incluído una advertencia en su web en la que declina cualquier responsabilidad hacia las cámaras MX-JVC. Según aseguran, de un tiempo a esta parte, reciben llamadas de compradores indignados pidiéndoles manuales, «quejándose de que las prestaciones no son las prometidas, porque no son más que webcams con carcasa de cámara de vídeo», según fuentes de la propia empresa.

Fuente: UCASA / Tribuna de Salamanca 12/04/05

Un madrileño, primer español multado por envío masivo de 'spam' en la Red.

La Agencia de Protección de Datos (APD) ha resuelto, por primera vez en España, un procedimiento sancionador contra una persona física por envío masivo de 'spam' (correo no deseado).

Un portavoz de la APD informó ayer de que esta resolución se tomó a finales de marzo y ha supuesto una sanción de 30.001 euros a un madrileño que enviaba 'spam' a direcciones españolas. La sanción ha sido de esa cuantía, según las mismas fuentes, porque se ha considerado que se trataba de una comunicación no selectiva, de carácter masivo y por lo tanto constituía una «infracción grave» . La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información atribuye la competencia a la APD para la investigación de estos asuntos, y es la primera vez que un organismo de estas características resuelve el proceso con una sanción en España. En este momento, afirmó el portavoz, hay más de un centenar de investigaciones abiertas, de las cuáles entre 15 y 20 casos ya se ha abierto procedimiento sancionador que se resolverá en un plazo máximo de seis meses. La APD tiene previsto 'colgar' en su página web un documento informativo sobre el 'spam' y las recomendaciones para garantizar la protección contra esa práctica. Un usuario de Internet puede llegar a recibir diariamente entre 30 y 40 'spam', de los que al menos la mitad provienen de Argentina, según los datos de la Asociación de Internautas.

Fuente: UCAVA / El Norte de Castilla 12/04/05

El padrón puede sustituirse por otros documentos oficiales.

El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales acordaron ayer proponer el mecanismo del empadronamiento por omisión para facilitar que los trabajadores inmigrantes no inscritos en el padrón puedan acogerse al proceso de regularización. Este mecanismo permitirá la inscripción en el padrón, «en base a la acreditación de la permanencia en España aportando como prueba documentos públicos fehacientes».

El Gobierno aceptará que los inmigrantes en situación irregular en España puedan aportar otros documentos públicos además del padrón para demostrar que llevan viviendo en nuestro país antes de agosto de 2004 y acogerse al actual proceso de regularización vinculado al empleo. El empadronamiento por omisión es una figura jurídica existente actualmente que permite la inscripción en el padrón con fecha anterior a la fecha tope establecida en el proceso de regularización aportando como prueba documentos públicos con el fin de cumplir el requisito establecido para la autorización de residencia y trabajo. Para que el instrumento pueda ser aplicado de manera homogénea y con suficientes garantías en el conjunto del Estado, la Mesa del Diálogo Social elevará esta propuesta al Consejo de Empadronamiento que será quien determine los documentos que se podrán aportar. Se podrían valorar distintos documentos, como la tarjeta sanitaria o el sello del pasaporte que acredita la entrada en país. En cualquier caso los documentos exigidos deberán tener carácter oficial. Según explicó la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, el certificado de empadronamiento continúa siendo un documento imprescindible para este proceso. Esta iniciativa de empadronamiento por omisión da respuesta a múltiples peticiones de asociaciones de inmigrantes, del Defensor del Pueblo y del Consejo General de la Abogacía, en el sentido de poder aportar un documento distinto al certificado de empadronamiento para probar la estancia en España antes del 8 de agosto de 2004, una de las condiciones de la regularización. Actualmente existe un número indeterminado de inmigrantes que no se empadronaron por miedo a ser expulsados del país por la policía, debido a obstáculos administrativos en los ayuntamientos donde residen o bien porque era innecesario para optar a servicios públicos como la sanidad, en el caso andaluz.

Fuente: UCABU Terramar / Diario de Burgos 12/04/05