DÍA 14 / 02 / 2005
CONSUMO - MERCADO

Las sanciones a las residencias de ancianos se duplican en cuatro años.

La Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores, que cumplirá dos años de aplicación esta primavera, y el decreto del 2001 sobre acreditación y requisitos para abrir una residencia han establecido unos exigentes límites de actuación empresarial a la vez que profesionalizado un sector, el de las residencias de ancianos, que hace tan solamente una década adolecía de graves deficiencias. Junto a las nuevas y más estrictas regulaciones, el incremento de la labor inspectora se ha convertido en una mayor garantía del servicio, que se refleja en un considerable aumento de las actas levantadas y del número de residencias de la tercera edad sancionadas.

Las multas impuestas desde 1996, fecha en que se hicieron efectivas las transferencias de los Servicios Sociales, hasta finales del pasado año se han multiplicado por cinco en la comunidad y han pasado de las 14 sanciones de 1997 -el año anterior solo se registró un caso- a los 70 con que se cerró el pasado ejercicio. Incluso, en los últimos cuatro años, se ha pasado de 30 sanciones impuestas a 70 en el 2004, más del doble. De ellas, 51 fueron graves, 18 leves y una muy grave. Según explica el gerente de Servicios Sociales, Antonio María Sáez Aguado, la causa más frecuente de infracción grave es el ocupar plazas concedidas para mayores de 65 años válidos, es decir, que se defienden por sí solos, con personas asistidas, las que necesitan ayuda para desarrollar labores cotidianas. Este fraude en el tipo de usuarios supone un abaratamiento para la empresa dado que las exigencias de plantilla y de infraestructuras son menores, lo que repercute negativamente en la atención del usuario. Una infracción grave supone el pago de una multa de entre 901,5 y 18.139 euros y la posible inhabilitación para recibir subvenciones de uno a tres años. La muy grave puede ascender a los 90.151 euros además de la imposibilidad de recibir ayudas administrativas de tres a cinco años o, incluso, el cierre temporal o definitivo. Las faltas leves se castigan con una multa de entre 300 y 3.000 euros y la inhabilitación para lograr subvenciones durante un año.

Fuente: UCAVA / El Norte de Castilla 14/02/05

La Junta obtiene un notable en el examen de sus usuarios.

La Junta de Castilla y León es la administración pública mejor valorada por los ciudadanos de la Comunidad, por encima incluso de la calificación obtenida por la local y estatal. Los usuarios habituales van más allá y la aprueban con un notable. Así lo señala una encuesta para comprobar el grado de satisfacción de los castellanos y leoneses con los servicios de la administración regional.

Este estudio ha sido realizado a petición de la Consejería de Presidencia para comprobar la efectividad de los proyectos enmarcados dentro del Plan Avanza de Modernización de los Servicios Públicos que se han puesto en marcha recientemente. La encuesta, cuyo horizonte temporal es 2004 y con un nivel de confianza que alcanza el 95,5% también desvela que la mitad de los ciudadanos de la región (48,6%) tacha de buenos o muy buenos los servicios prestados por el Ejecutivo autonómico. Asimismo, el 37,4% de los castellanos y leoneses utiliza el mismo calificativo para valorar los ofertados por el Gobierno central y el 45,4 por ciento para las corporaciones locales. El empleo, las ayudas, subvenciones y tributos fueron las solicitudes de información más demandadas durante el pasado año. En conjunto supusieron el 67% de las consultas totales. Al respecto, también fueron significativos los trámites relacionados con asuntos administrativos y registro y compulsa de documentos que suman un 25,3% del global. Mientras, la presentación de quejas y sugerencias sólo supuso el 2,1%. De igual forma, los datos también apuntan a que el 25% de los ciudadanos realizó al menos una gestión en la Junta durante este periodo. Por otro lado, la Consejería de Educación, con un 21% de consultas, es el departamento del Gobierno regional al que más acuden los residentes en la región. Fomento (13,7%), Sanidad (13,2%) y Servicios Sociales, con el 12,5% de las consultas, le siguen de muy cerca. Por el contrario, en materia de Turismo y de la Agencia de Desarrollo Económico apenas se realizaron trámites (0,8%). La calidad de los servicios que ofrece la Junta tampoco sale mal parada en el análisis de los datos, ya que los ciudadanos la califican con una nota de 13,7 sobre 25, un promedio que sobrepasan las provincias de Segovia, Valladolid, Soria y Zamora, todas ellas por encima de 14. Asimismo, precisamente la provincia soriana es el territorio de la región donde los ciudadanos mejor valoran los servicios prestados por el Ejecutivo autonómico. Segovia es la que mejor le sitúa en relación al Gobierno central y Zamora la que mejor estima a la Junta respecto a las corporaciones locales.

Fuente: UCABU Terramar / Diario de Burgos 14/02/05

Más de 4.500 edificios tendrán que pasar una inspección técnica.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), el parque inmobiliario de Salamanca consta de 11.075 edificios, de los que 9.550 están destinados a viviendas y en los que viven un total de 86. 785 familias. La particular ‘ITV’ podría afectar en un futuro próximo a cerca de 16.500 familias salmantinas. Ésta será la consecuencia de una próxima ordenanza, englobada en la Ley de Urbanismo y recogida por decreto en febrero de 2004, en la que ya trabaja el Ayuntamiento.

Hace apenas dos semanas el concejal del ramo, Salvador Cruz, se entrevistó con el presidente del colegio de Administradores de Fincas, Ángel Hernández Román, para comenzar a perfilar el documento. En próximas fechas hará lo propio con arquitectos y aparejadores, que también aportarán sus sugerencias al respecto. Según ha podido saber TRIBUNA, el Consistorio salmantino quiere aprovechar las experiencias de otros municipios en los que la inspección es obligatoria desde hace varios años. Por ejemplo, en el de Madrid, donde los técnicos han detectado graves fallos y carencias al intentar aplicar plazos de ejecución que nunca se cumplen, dado el inmenso parque inmobiliario de la capital de España. Así, el colegio de Administradores de Fincas ha sugerido que la inspección se haga a conciencia y que no sea un puro trámite burocrático, por lo que los técnicos deberán supervisar desde el cuarto de calderas hasta las instalaciones eléctricas, estructuras, cubiertas y revestimientos de las fachadas, sin olvidar todo lo relativo a las cañerías de agua. De esta forma la inspección será algo más que un mero papeleo, puesto que el técnico evaluará el estado global del bloque con lo que «se mantendrá más tiempo en óptimas condiciones, se revalorizará el patrimonio de los vecinos y contará con más seguridad tanto para viandantes como para los propios ocupantes del inmueble», asegura Hernández Román. Cuando se apruebe la nueva ordenanza, no sólo tendrán que pasar la ‘ITV’ los edificios de viviendas, sino que la intención del Ayuntamiento es que la Ley alcance también a los edificios públicos de la ciudad.

Fuente: UCASA / Tribuna de Salamanca 14/02/05

NN.TT. - COMUNICACION

León, con 15.793, es la segunda provincia con más líneas ADSL.

Castilla y León cerró el año 2004 con un total de 90.605 líneas ADSL instaladas en la Comunidad y una cobertura del 87 por ciento de la población, lo que indicó que la que la región experimentó un incremento del 65,4 por ciento respecto al año anterior en la instalación de estas conexiones, por encima de la media nacional que se situó en el 50 por ciento. Además, la comunidada autónoma fue la segunda que más creció, sólo por detrás de Extremadura, con un 74,8 por ciento, según datos facilitados a Ical por Telefónica.

Por provincias, Ávila disponía de un total de 4.230 conexiones a 31 de diciembre de 2004, cantidad similar en la provincia de Zamora, 4.415. En Burgos, las líneas disponibles sumaron las 13.847, mientas que en León la cifra se cerró con 15.793, lo que convierte a la provincia leonesa en la que más altas registró el pasado año. En Palencia había 5.738, en Salamanca, 12.680 y en Segovia, 5.720, mientras que en Soria y en Valladolid las conexiones ascendían a 2.857 y 25.295, respectivamente. Los porcentajes de instalación de estos servicios de acceso a Internet decrecieron, de manera paulatina, en los tres últimos años, debido al incremento progresivo de la cobertura poblacional. Así, si en 2001 la región contaba con 14.838 líneas, en 2002 la cifra se fijó en 29.973, es decir un 102 por ciento más que en el período anterior. Al año siguiente, el incremento fue del 83,2 por ciento, con un acumulado de 54.912 líneas, es decir 24.939 más que en el ejercicio previo, mientras que entre 2003 y 2004 se instalaron 35.693 aparatos nuevos. Este análisis coincidió en el tiempo con la entrada en vigor del Plan de Banda Ancha 2002-2004, promovido por la Junta de Castilla y León, período en el que se acercó este servicio a más de 300.000 personas de la región, que se podrían convertir en 500.000 hasta 2007, año en el que el Ejecutivo regional fija el umbral del nuevo plan para la extensión de este servicio. Este proyecto, publicado en enero en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), perseguirá acercar el servicio a toda la población, es decir, lograr que la cobertura actual del 87 por ciento aumente hasta el cien por cien, según anunció en su día el consejero de Fomento, Antonio Silván.

Fuente: UCALE / Diario de León 14/02/05

SOCIAL - FAMILIA - GÉNERO

Los pensionistas mejor pagados son los vascos y los peor, los gallegos.

Por cada 127 euros que recibía un pensionista vasco contributivo, es decir, que hubiese estado vinculado al mercado de trabajo, uno gallego cobraba 83, según las cifras medias reflejadas en las estadísticas de la seguridad social, correspondientes al mes de enero. Las diferencias obedecen a las carreras profesionales de los titulares de la prestación y consolidan los desequilibrios autonómicos detectados en el mercado laboral. En la cuantía de los retiros también influye la edad de la población. En general, los pensionistas más mayores están sujetos a bajas cantidades, mientras que cada año las prestaciones de los nuevos jubilados superan el importe de las existentes.

La fórmula para calcular la cuantía de la pensión es la misma en todas las comunidades, pero las cotizaciones entregadas a la Seguridad Social son decisivas a la hora de establecer el retiro. Persisten las diferencias, por ejemplo, entre una prestación del régimen especial agrario y otra del régimen general, porque tampoco las aportaciones realizadas durante la vida laboral del interesado responden al mismo volumen. Igualmente, en el importe de la pensión repercuten los años trabajados. A carreras largas corresponden pensiones más altas. En este sentido, hay que tener en cuenta que la ley establece que para recibir el cien por cien de la prestación es preciso haber cotizado un mínimo de 35 años, aunque tan sólo con 15 años se tiene derecho a una pensión, mínima, contributiva. Así, con independencia de los requisitos comunes establecidos, la evolución laboral y la ampliación de la esperanza de vida provocan diferencias notables en el ámbito territorial que en enero iban desde la pensión media más alta, de 767,54 euros al mes, correspondiente al País Vasco; a la menor, de 502,55 euros, percibida en Galicia. La cuantía estatal se situó en 605,33 euros. Por encima de ese importe medio, junto con el País Vasco, figuraron las pensiones de Asturias, de 732,94 euros; Madrid, de 720,48 euros; Navarra, de 672,60; Cantabria, de 628,91 euros; Cataluña, de 626,82 euros; y Aragón, de 623,6 euros. También las ciudades de Ceuta y Melilla formaron parte de este grupo, con unas prestaciones de 668,84 y 615,85 euros, respectivamente. En el otro lado de la escala, además de Galicia, estuvieron Castilla y León, con 582,68 euros; La Rioja, con 580,13 euros; Canarias, con 567,26 euros; Andalucía, con 557,85 euros; C. Valenciana, con 555,84 euros; Baleares, con 546,95 euros; Castilla-La Mancha, con 551,97 euros; Murcia, con 535,70 euros; y Extremadura, con 510,56 euros. Los porcentajes de subida interanual, que marcados por ley responden en todas las comunidades a idénticos criterios, tampoco resultaron iguales, dada la influencia de los colectivos y de la clase de pensión generada. La mayor subida, del 6,4% se produjo en Navarra; mientras que la menor, del 5,6% fue para Asturias. El incremento medio, siempre tomando como referencia enero de 2005 sobre enero de 2004, resultó del 5,9% y los de Ceuta y Melilla se quedaron en el 5,7 y en el 5,3% respectivamente.

Fuente: UCAVA / El Norte de Castilla 14/02/05

ECONOMIA

España acumula diez puntos más de inflación que Alemania con el euro.

Desde que nació el euro, España ha acumulado un alto diferencial de inflación respecto a los más desarrollados socios de la Unión Monetaria. Entre 1999 y el 2004, los precios habían subido en España el 18,9%, diez puntos más que en Alemania, ocho más que en Francia y nueve más que en Austria o Finlandia, y casi siete más que en el conjunto de la zona euro.

Esta brecha, y el desfase tecnológico español, explican que, con una divisa común fuertemente revalorizada respecto al dólar, y soportando igualmente el encarecimiento del petróleo, Alemania siga ocupando posiciones de liderazgo mundial con sus exportaciones, mientras el crecimiento de España se ve lastrado por el deterioro de su sector exterior y productos tradicionales pierden cuota en los mercados internacionales. Si hasta tiempos recientes una parte del diferencial de inflación podía estar justificada por un mayor crecimiento, la recuperación de las economías europeas restará esta ventaja relativa en cuanto se afiance. De hecho, el diferencia de inflación de España con la Unión Monetaria ya supera desde hace meses al de expansión de la actividad. Para hacer frente a la pérdida de competitividad derivada de la evolución de los precios y de otros factores, el Gobierno prepara una batería de medidas liberalizadoras que podría dar a conocer este mismo mes. El Ejecutivo del PP tomó una iniciativa similar -las 52 propuestas enunciadas por Rodrigo Rato en junio del 2000-, y ahora toca, además, realizar un análisis del éxito o fracaso de aquellas propuestas para, si procede, corregir su rumbo. El paquete afecta sobre todo a sectores regulados -energía, telecomunicaciones- o bajo influencia indirecta de los poderes públicos, como la vivienda. Hay medidas de inmediata aplicación y otras, como la desregulación plena de las tarifas telefónicas o el desarrollo del mercado eléctrico, que llevarán su tiempo. En el inmobiliario, por otra parte, el margen de maniobra es estrecho, porque las competencias sobre el suelo -que representa el 60% del importe de la vivienda- recaen en última instancia en los ayuntamientos. Desde el Estado se va a promover transparencia en la información sobre las condiciones y evolución de los préstamos hipotecarios, el abaratamiento de los costes de constitución de las hipotecas y una rebaja de los costes financieros en el cambio de operaciones (tipo variable a fijo, traslado a otra entidad). El sector eléctrico se va a embarcar en breve en un importante cambio del marco regulador. Aunque está plenamente liberalizado desde el 1 de enero del 2003, la competencia se abre camino muy lentamente por la concentración del negocio en unos pocos operadores y por las escasas ventajas que se ofrecen a los consumidores residenciales. El Libro Blanco de la generación, encargado a un experto independiente, debe aportar ideas para que funcione de forma efectiva el mercado mayorista. Si un comercializados compra más barato, podrá trasladar mejores ofertas a los clientes finales.

Fuente: UCALE / Diario de Leon 14/02/05