DÍA 24 / 06 / 2005
CONSUMO - MERCADO

La banca estudia cobrar una tasa por recibir transferencias a partir de 2006.

El sector bancario estudia la posibilidad de cobrar, a partir de 2006, a los clientes que reciban una transferencia, tasa que actualmente no existe ya que, de momento, sólo paga el usuario que envía el dinero, según entidades financieras consultadas por la agencia Efe.

Estas entidades explican que simplemente va a ser un cambio de modelo para adoptar el que se está utilizando en Europa -el denominado "share"- y aseguran que la novedad será que las comisiones de una transferencia las pagarán a medias entre el remitente y el receptor, pero el precio final será el mismo. Sin embargo, las asociaciones de consumidores, contrarias a este método, alertan de que las cantidades pueden crecer sustancialmente, ya que el banco que envía la transferencia no puede pactar con la entidad receptora la comisión a cobrar, con lo que cada uno aplicará la que considere pertinente. La implantación de este sistema dependerá en último término del Banco de España, que tiene que retocar varias circulares, pero la modificación será previsiblemente conforme a las propuestas de las entidades, bien sea individualmente o a través de las patronales de bancos y cajas, AEB y CECA, o del Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE). Fuentes del sector indican que lo razonable sería que el Banco de España delimitara en qué circunstancias se puede cobrar y que sea únicamente cuando el receptor de la transferencia solicite un servicio añadido, es decir, cuando la entidad tenga que hacer algún trámite que no sea un apunte automático. Actualmente esos trabajos adicionales son gratuitos y suelen consistir, por ejemplo, en buscar el número de cuenta de un cliente cuando la transferencia viene únicamente a su nombre. Las entidades creen que ese tipo de trámites tiene un coste y reclaman su derecho a cobrarlo, aunque insisten en que las operaciones automáticas seguirán siendo gratuitas. No obstante, algunas cajas y bancos no están de acuerdo con este sistema y advierten de que restringirá el movimiento de fondos y disminuirá la competencia y la transparencia en el sector.

Fuente: UCACYL / Consumer 24/06/05

 
SOCIAL - FAMILIA - GÉNERO

La Junta creará 300 empleos para asistencia a mayores dependientes.

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia Regional de Servicios Sociales, lanzará un proyecto piloto para mejorar la asistencia a dependientes mayores de 65 años de tres comarcas de la provincia, en el que prevé crear trescientos puestos de trabajo para la ayuda a este colectivo y supondrá una inversión total de siete millones.

El estudio, que se realizará entre 2005 y 2007, fue presentado por el gerente regional del ramo, Antonio Sáez Aguado, en la sede de la Junta en la capital a treinta técnicos de los Ceas (centros de acción social) de la Diputación y del Ayuntamiento de Salamanca y tuvo una buena acogida entre los trabajadores sociales que acudieron a la reunión. El programa piloto realizará un repaso y una proyección de futuro de los servicios sociales básicos de los Ceas de la Sierra (Béjar, Tamames y Guijuelo), de la comarca mirobrigense (Ciudad Rodrigo) y de Las Arribes (Vitigudino y Lumbrales) para poder potenciar estos centros y establecer un catálogo de las necesidades para estas personas. En la actualidad, existen cerca de seiscientos asistentes. El proyecto añadirá otros trescientos de estos puestos de trabajo, aunque no aumentará los centros de acción social ni la plantilla de técnicos. Por otra parte, el programa piloto, presentado en Valladolid por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades hace unos días, pretende llegar en 2007 a un seis por ciento de la población mediante la ‘teleasistencia’; a toda la provincia en materia de cobertura de ayudas a ciudadores (esto es, en retribuir económicamente a estas personas); y en el seis por ciento en ayuda a domicilio.

Fuente: UCASA / Tribuna de Salamanca 24/06/05

Aprueban la ley que permite castigar la ablación en el extranjero.

El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde, de manera definitiva, a una proposición de Ley Orgánica que permitirá perseguir la práctica de la mutilación genital femenina aún cuando se produzca fuera de las fronteras españolas.

CiU, formación responsable de la iniciativa, introdujo una enmienda que adelanta la entrada en vigor del proyecto de Ley al día siguiente de su publicación en el BOE. De esta manera coincidirá con la puesta en marcha de los juzgados especializados de violencia contra la mujer, el 29 de junio. El Congreso ratificó las enmiendas introducidas en el Senado que recalcan el objeto de la Ley: la persecución extraterritorial de la práctica de la mutilación genital femenina cuando la comisión del delito se realiza en el extranjero, «como sucede en la mayor parte de los casos, aprovechando viajes o estancias en los países de origen de los inmigrantes». Esta práctica, que va desde la extirpación del clítoris hasta el cosido de los labios vaginales ya está tipificada en el Código Penal, con una pena de entre 6 y 12 años de cárcel. Pero ahora se trataba de modificar la Ley Orgánica para que puedan ser perseguidos aquellos inmigrantes que efectúen tales prácticas. Cuando entre en vigor esta ley, la jurisdicción española será competente para perseguir los hechos fuera del territorio nacional, según la ley penal española, tal y como sucede con delitos como el genocidio, el terrorismo, la piratería, la prostitución, la corrupción de menores o el tráfico de drogas. En España se tuvo constancia de estas prácticas a raíz de varios casos en los que niñas inmigrantes pidieron auxilio a sus profesores en el colegio, ante el temor de que sus familiares les mutilaran durante un periodo de vacaciones en su país de origen. El Defensor del Pueblo también se ha hecho eco de casos en los que inmigrantes acudieron a centros sanitarios para que procedieran a la mutilación genital de sus hijos.

Fuente: UCALE / Diario de Leon 24/06/05

RR.HH - FORMACION
Más de un millón de trabajadores no llegan a estar empleados el mes entero.

Más de un millón de trabajadores (1.026.000) no llegan a estar empleados el mes entero, debido a rotaciones o por finalizaciones de contrato que se traducen en altas y bajas en el sistema. Esta es una de las conclusiones del nuevo estudio que ha empezado a realizar la Seguridad Social para conocer la composición de los afiliados, cuyos primeros datos confirman que entre enero y abril trabajaron 18.394.407 personas, de las cuales «cerca del 93% trabajan y permanecen dadas de alta todo el mes», según explicó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien destacó que de este modo se acercan más los datos del sistema a los de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Así, por ejemplo, el pasado mes de abril había dados de alta en los regímenes del sistema 17.541.917 personas, de las que el 93,62% (16.421.930) trabajaron -cotizaron- los 30 días y 1.119.987 no trabajaron el mes completo. El estudio concreta incluso que de este total unos 20.000 causaron baja por jubilación; 41.326 estuvieron dados de alta un día; 19.108 cotizaron siete días; 35.281, quince días, y 87.326 trabajaron 27 de los 30 días de abril. Si se incluye a las personas que se dan por primera vez de alta en el sistema, las que cambian de régimen o los que se jubilan, la cifra de trabajadores que muestran un cambio de su situación en la Seguridad en menos de un mes ronda los 1,2 millones. Para evitar distorsiones, se contabilizará como uno a aquel trabajador (pluriempleado) que está dado de alta en varios regímenes del sistema, además de contar como uno al trabajador que pasa por un mismo puesto de trabajo en un tiempo reducido. Además servirá para mejorar el control que se realiza sobre la recaudación. En este sentido, Granado confirmó ayer que la base de cotización de los inmigrantes es entre un 30 y un 35% inferior a la media del sistema: si la media anual en el régimen general alcanza los 16.000 euros, entre los trabajadores inmigrantes es de 10.000 a 12.000 euros. Al mismo tiempo, la Seguridad Social conocerá las situaciones de fraude, como la denunciada práctica de algunos empresarios de contratar trabajadores de lunes a viernes y despedirlos los fines de semana, para ahorrarse dos días de cotización. Asimismo, destaca que se podrá conocer la jornada que realiza cada trabajador afiliado. En este sentido, la conclusión es que la mayoría (alrededor del 93%) están a tiempo completo.

Fuente: UCACYL / ABC 24/06/05