En España, este centro, que se crea a iniciativa de la Comisión Europea (CE), tendrá oficinas en Madrid, Barcelona y Vitoria, para que tanto los consumidores españoles que adquieran bienes o servicios en otros países de la Unión Europea (UE), como los ciudadanos comunitarios que lo hagan en España, puedan informarse, obtener mediación y asistencia en sus reclamaciones y obtener asesoramiento legal en sus litigios transfronterizos sin ningún tipo de coste. Además, para que cualquier ciudadano de la UE pueda ser atendido correctamente, el personal del centro habla cinco idiomas: castellano, inglés, alemán, francés y portugués. De esta forma, cuando, por ejemplo, se realicen compras defectuosas, reservas de hoteles que no cumplen con lo prometido por Internet o los habituales problemas en los aeropuertos, los consumidores podrán acudir a estas oficinas. En Europa, existe uno de estos centros por cada país de la Unión. Según fuentes del Centro Europeo del Consumidor, se prevé que la mayoría de las reclamaciones serán quejas referidas a viajes por Europa. "Nosotros creemos que los problemas se centrarán sobre todo en los touroperadores y en el 'maltrato' o mal servicio que los viajeros reciban por parte de hoteles europeos o compañías aéreas europeas". "Sin embargo, la primera reclamación ha sido de un ciudadano italiano que compró un vehículo en España y que el centro de asistencia de su país se negaba a arreglar, por lo que no podemos asegurar si habrá más número de reclamaciones por viajes, compras por Internet o, simplemente, por compras dentro de las fronteras europeas", aseguraron a elmundo.es las mismas fuentes. El centro español estará gestionado por el Instituto Nacional de Consumo del Ministerio de Sanidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, y el proyecto supondrá una inversión de 951.700 euros, de los que 450.000 han sido aportados por la Comisión Europea. El resto de la financiación correspondiente a la sede de Madrid será asumida por el Instituto Nacional del Consumo, mientras que la de las sedes de Barcelona y de Vitoria correrá a cargo de los respectivos presupuestos de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno Vasco. El nuevo Centro en España es el resultado de la fusión de dos iniciativas anteriores. Por un lado, la Red Extrajudicial Europea (EJE), encargada desde 2001 de atender las reclamaciones transfronterizas que se solventaban fuera de los órganos judiciales y por otro, de los dos Centros Europeos del Consumidor que ya existían en Barcelona y Vitoria, encargados de informar, asistir y asesorar a los consumidores europeos. Todas ellas funcionaban simultáneamente y con relativa frecuencia se producían solapamientos de funciones y cometidos. Ahora, con el nuevo centro, las sedes de Madrid y de Barcelona atenderán las reclamaciones y quejas transfronterizas y realizarán su tramitación en función del área comercial o de servicios afectada. Madrid asumirá, además, la dirección de la coordinación entre las tres oficinas, así como la representación nacional del Centro, y representará el papel de interlocutor ante la Comisión.

Fuente: UCACYL / El Mundo 24/03/05

Los centros de día darán apoyo jurídico y psicológico a los mayores de 60 años.

Un total de 24 centros de día, distribuidos en las nueve provincias de la región, prestará apoyo psicológico y jurídico a las personas mayores de 60 años con el fin de aumentar su autonomía en la sociedad y favorecer un marco en el que tengan la información necesaria para ejercer sus derechos y evitar la vulneración de los mismos.

El programa, desarrollado por la Gerencia de Servicios Sociales, se implantará antes de verano en las nueve capitales de provincia y en 14 núcleos rurales para garantizar la accesibilidad del servicio a todos los ciudadanos, independientemente de su residencia. Cada centro contará con un abogado y un psicólogo que prestarán información individualizada y gratuita a estas personas, aunque cuando sea preciso también podrán acceder a ésta sus representantes legales y cuidadores que residan en Castilla y León, siempre que su consulta se refiera a cuestiones relativas a la convivencia, cuidado, derechos u otros asuntos relacionados directamente con el mayor. Esta medida, que responde al aumento de la población envejecida de la Comunidad y al incremento de la edad -con las enfermedades degenerativas que ello conlleva-, también se debe a la disminución de las redes de apoyo informal que hasta la fecha han dado respuesta a estas necesidades de la población. Para ello, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades invertirá este año más de 57.000 euros, cuando espera atender unas 4.000 solicitudes. Esta cantidad ascenderán a 75.000 euros para 2006. El asesoramiento dual, según explicaron fuentes de la Gerencia, lo ejercerán tanto letrados como psicólogos. Las funciones de los primeros se centrarán en suministrar las claves para ejercer sus derechos. También, se encargarán de resolver dudas que se puedan plantear en su vida cotidiana. Respecto al asesoramiento psicológico, el objetivo es que los profesionales ayuden verbalmente y de manera individual a las personas en cuestiones que interfieran en su equilibrio físico, psíquico y social, así como en sus relaciones personales y sociales. Además, recibirán ayuda sobre problemas derivados de la atención o convivencia con otras personas. Los beneficiarios deberán ser socios de algún centro de día de la Gerencia o, en su defecto, del Club de los 60, dependiente de la Consejería de Familia. En el caso de que la persona interesada no reúna ninguna de estas características, los profesionales les informarán sobre cómo acceder a esta condición.

Fuente: UCABU Terramar / Diario de Burgos 28/03/05

El ratio de atención a mayores dependientes es el más bajo de España.

El ratio del personal médico que se ocupa de la atención directa a los mayores dependientes en los geriátricos de Castilla y León es el más bajo de España, según lo atestigua un informe elaborado por la Fundación Edad y Vida, que recoge un exhaustivo análisis por comunidades autónomas del los diferentes modelos de atención a las personas mayores con dependencia en España.

En el citado informe se afirma que en la región cuenta con un ratio mínimo de 0,10 sanitarios por plazas existentes que deben cumplir todos los centros residenciales que se mantienen en funcionamiento en la Comunidad Autómoma, por debajo del más elevado (0,36, situado en navarra). Esta cifra convierte a los plazas geriátricas asistidas de Castilla y León en las últimas en lo que se refiere a la atención directa al residente. En lo que se refiere a las plazas de válidos –aquellos que no necesitan cuidados especializados– la ratio desciende hasta 0,06 médicos, enfermeros o Asistentes Técnicos Sanitarios (ATS) por plaza, la peor después de Extremadura, que dispone de cinco por cada cien. No obstante cabe reseñar que siete comunidades autónomas consultadas no aportaron datos al respecto con lo que los últimos lugares que ocupa Castilla y León pueden no ser del todo veraces. En el informe de más de 200 páginas de Edad y Vida también se hace referencia a una variable fundamental a la hora de valorar la calidad asistencial en los centros geriátricos españoles. Se trata de las horas mínimas de asistencia del personal médico y sanitario que, en función de las normativas de cada Comunidad Autónoma, deben cumplir todos las residencias de ancianos. Los datos que aporta el estudio revelan que en aquellas residencias de más de 75 residentes las horas de atención se reducen considerablemente. Así, en una residencia que cuente con ese número de plazas el mínimo fijado para los médicos es de 28 horas y de 35 en las de más de 150 plazas, ambos los más bajos de las regiones españolas que disponen de normas que fijan tales límites. En lo que se refiere al resto del personal sanitario los guarismos que presenta la región no son mejores, y son incluso más acentuados en las residencias con menos de 75 plazas de media.

Fuente: UCASA / Tribuna de Salamanca 28/03/05