Los españoles duplican sus deudas con los bancos en cuatro años.

El endeudamiento medio por habitante se ha duplicado desde 2002, pasando de los 15.500 euros de ese año hasta los 31.230 euros que cada ciudadano debe de media a las entidades bancarias en 2006, según los últimos datos publicados por la Fundación de las cajas de ahorros (Funcas) en sus Cuadernos de información financiera.

La comunidad autónoma más endeudada es Madrid, donde cada habitante debe 54.690 euros a los bancos, un 75% más que la media española y también el doble que en 2002, cuando el endeudamiento ascendía a los 27.710 euros por habitante. El estudio realizado apunta a una «tendencia generalizada al endeudamiento» en todas las regiones, que se constata con el hecho de que éstas se hayan convertido en «deudoras» netas en 2006, cuando cuatro años antes sólo 10 generaban más depósitos que créditos en términos netos. Esta tendencia esta relacionada, según el trabajo, con la «importancia creciente de las disparidades regionales» en lo que se refiere a los precios de la vivienda y sus consecuencias sobre la demanda de financiación bancaria y niveles de ahorro financiero de hogares y empresas. En este sentido, se indica que las cifras no parecen mostrar diferencias entre el tipo de servicio por comunidades, sino que constatan «la flexibilidad y adaptación del sistema bancario español a las necesidades de su clientela en cada momento».

Fuente: UCACYL-BU / Diario de Burgos 12/03/07

Más de 3.500 edificios de la capital deberían haber pasado la inspección técnica.

Resulta cuando menos curioso que de las 3.885 comunidades de vecinos (todas las construidas antes de 1960, según datos del Instituto Nacional de Estadística) que deberían de haber pasado una revisión del estado de salud de sus inmuebles en cumplimiento de una Ley que lleva tres años aprobada, no lo haya hecho ninguno. Aún más llamativo resulta que no exista ninguna administración que se haya encargado de velar por el cumplimiento del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en esta materia.

En opinión del presidente del Colegio Oficial de Arquitectos (COAB), David Dobarco, es «normal» que esto haya ocurrido, y esgrime sus razones. «Ya hicimos un informe en el que pedíamos un calendario más realista para obtener una respuesta en consonancia. Lo que no puedes hacer es exigir que en un año pasen una inspección en condiciones miles de edificios de toda la ciudad: lo lógico es comenzar su aplicación de una forma más escalonada», valora. A la precipitación en la abortada ejecución de la medida, Dobarco añade la «complejidad de su cumplimiento para los municipios, que primero deberán saber cómo se va a hacer y después elaborar su propia ordenanza en consonancia con lo que diga la Junta». Ese procedimiento que reclaman los técnicos deberá de quedar plasmado en un documento de protocolo cuya redacción se encargó a finales de 2006 al Instituto de la Construcción. «Lo lógico es que a lo largo de este año tanto la Junta como los municipios -en principio todos aquellos de más de 20.000 habitantes- dispongan tanto del protocolo como de las ordenanzas propias, así que la Inspección Técnica podría comenzar a exigirse a partir del año 2008», continúa Dobarco.

Fuente: UCACYL-BU / Diario de Burgos 12/03/07

Sanidad ha resuelto más de 11.000 denuncias de consumo en esta legislatura.

La Dirección General de Salud Pública y Consumo, dependiente de la Consejería de Sanidad, resolvió más de 11.000 denuncias en el territorio de Castilla y León relacionadas con este campo entre el año 2003 y 2006, cuando su participación en la red de alerta de productos industriales que presentan incumplimientos graves de la normativa de seguridad creció en más de un 500%.

Entre ellas, más de 120 fueron remitidas al Instituto Nacional de Consumo, según indicaron a Ical fuentes de la Consejería. En esta legislatura, Sanidad desarrolló un sistema de protección de los usuarios y consumidores, cuyo Día Mundial se celebrará el próximo jueves.

Fuente: UCACYL-LE / Diario de León 12/03/07

Denuncian la pérdida de autonomía por culpa de las sujeciones.

España es el país que más utiliza las sujeciones, tanto las físicas como las químicas, para impedir los movimientos de las personas mayores. El doctor Antonio Burgueño expresó a la agencia Efe su preocupación «porque más de 200.000 personas se ven sometidas a estos métodos dentro de nuestras fronteras».

El médico es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y coordina el programa 'Desatar al anciano y al enfermo de alzheimer'. Antonio Burgueño está convencido de que en España se abusa de las sujeciones, y que éstas «se alejan de los principales objetivos de los cuidados prolongados: lograr el máximo grado de independencia, capacidad funcional y calidad de vida». Este especialista denuncia también el excesivo uso de estas sujeciones cuando existen otras medidas válidas e igual de eficaces. Porque las sujeciones físicas «pueden provocar incontinencias, infecciones, úlceras por presión, disminución del apetito, caídas, estreñimiento, atrofia muscular y debilidad. Pero es que, además, el uso de fármacos psicotrópicos hace que el enfermo sufra hipotensión, movimientos físicos repetitivos, alteración del pensamiento, caídas o retención de orina», ha comentado el médico especialista.

Fuente: UCACYL-VA / Norte de Castilla 1203/07

Los funcionarios podrán trabajar en casa hasta el 40% de su jornada.

Una mayoría de los empleados de la administración general del Estado en toda España -colectivo de 230.000 personas, una vez excluidos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad- podrán desarrollar, si lo desean, parte de sus tareas laborales en casa mediante el uso de medios telemáticos. El Ministerio de Administraciones Públicas ha preparado un borrador de real decreto, remitido al Consejo Económico y Social y ya en negociación con los representantes sindicales, por el que se regula el régimen de tele-trabajo de los funcionarios.

Con carácter voluntario y cobrando lo mismo, las tareas de determinados puestos -cuyo desempeño no requiere la presencia física constante en el lugar de trabajo- podrán llevarse a cabo en el domicilio hasta abarcar un 40% de la jornada semanal. A los trabajadores que opten por este sistema -siempre por un periodo determinado- se les exigirá una antigüedad de dos años y conocimientos de informática para usuarios. Los seleccionados realizarán con carácter previo un curso de formación sobre tele-trabajo y se les proporcionarán los medios telemáticos (equipo, líneas de comunicación) a la vez que tendrán financiados los costes de mantenimiento y uso. Dolores Carrión, subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas, explica que el objetivo perseguido es la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. «En ningún caso se pretende hacer uso de esta fórmula para deslocalizar centros de trabajo u oficinas administrativas», precisa.

Fuente: UCACYL-LE / Diario de León 12/03/07

Un 15% de los emigrantes consiguen tener en España una vivienda propia.

El sentimiento de las personas inmigrantes ante sus problemas de vivienda suelen resumirlo con título de serie televisiva, «aquí no hay quien viva». Ni aquí, ni así (el 47% lo hace como inquilino subarrendado, y el 19% en condiciones de hacinamiento), aunque el retrato real es mucho más complejo y va dejando paso poco a poco a un panorama con mejores vistas. De hecho, su regularización legal y su progresiva mejora laboral les están permitiendo un acceso cada vez mayor (el 15% ya del colectivo) a la vivienda en propiedad en España, que incluso empieza a extenderse a sus países de origen.

Más allá de su dramatismo y potencial para desencadenar conflictos vecinales que alimentan riesgos xenófobos y racistas, el fenómeno de las «camas calientes» en las que varias personas duermen por horas es muy marginal (0,4%, unas 12.000 personas) y suele circunscribirse a la etapa inicial. Según el Colectivo Ioé de investigación sociológica, a cuyo estudio sobre «Inmigración y vivienda en España» pertenecen los datos ya citados, los llamados «inmigrantes periféricos» (latinoamericanos, africanos y asiáticos) van mejorando con el tiempo su trabajo y sus ingresos, obtienen «los papeles», reagrupan a sus familias y afianzan sus redes sociales. El 65% encuentra vivienda, precisamente, gracias a esa red de relaciones de parentesco, amistad y paisanaje. Una solidaridad que se demuestra decisiva en el momento justo de la llegada, porque hasta un 36% recibe alojamiento gratuito en ese círculo de familiares, amigos y conocidos. Luego, cada inmigrante se va buscando la vida (esa «casa gratis» apenas se mantiene en un 1,7% de casos), aunque sea en peores condiciones que la población autóctona: el hacinamiento en lugares de menos de 10 metros cuadrados por persona alcanza al 19% de los extranjeros frente a sólo el 2,5% de los españoles, y la comparación también les es desfavorable (61% frente a 36%) a propósito de las personas que disponen de menos de una habitación. De todos modos, la situación está cambiando. Porque si bien la desventaja salarial de los inmigrantes (870 euros de ingresos mensuales frente a 1.741 de los españoles) los aleja teóricamente de la posible compra de la vivienda en propiedad (necesitarían 1.700 euros al mes), en la práctica su poder adquisitivo tiende a ser más alto.

Fuente: UCACYL-LE / Diario de León 12/03/07

Sesenta municipios leoneses tienen la mitad de su población mayor de 60 años.

Sesenta de los 211 municipios leoneses asumen un terrible problema de envejecimiento, más de la mitad de su población ha superado ya los 60 años y no existe ninguna vía para el relevo generacional. El problema es gravísimo en toda la provincia ya que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, un tercio de la población leonesa ha superado la sexta década de su vida, un porcentaje que supera el 40% en dos de cada tres núcleos territoriales leoneses. El gráfico del envejecimiento tiñe de rojo todo el mapa provincial.

La senectud está repartida por toda la provincia aunque, en términos generales, sólo el alfoz de León y la comarca berciana presentan unos registros por debajo de la media. Escobar de Campos, Campo de Villavidel, Santa María del Monte de Cea, Izagre o Valdesamario componen el gráfico más impactante del envejecimiento en León: más del 60% de su población supera los 60 años, con porcentajes que se acercan al 65% en los tres primeros municipios. Además, en estos y en otros muchos núcleos de población, un tercio de sus habitantes ha superado ya los 75 años de edad.

Fuente: UCACYL-LE / Diario de León 12/03/07

El subsuelo de la ley del Suelo.

Trasparencia y lucha contra la corrupción del suelo; urbanismo sostenible y ciudades cohesionadas; calidad de vida y participación ciudadana. Esto es, es líneas generales, lo que el Ministerio de Vivienda pretende conseguir con la Ley del Suelo, aprobada por el Congreso de los Diputados (con el voto en contra del PP) el pasado 1 de marzo.

Aunque todavía tiene que pasar por el Senado, la Ley del Suelo introduce nuevas consideraciones: cualquier convenio urbanístico o permuta de terrenos tendrá que ser acordado por el pleno municipal; los desarrollos urbanísticos se someterán a una evaluación ambiental previa; la reserva de suelo para vivienda con algún tipo de protección pasará del actual mínimo del 25 por ciento a un 30 por ciento; habrá un nuevo régimen de valoraciones que se establecerá con la situación real en que se encuentra el suelo sin tener en cuenta las posibles expectativas; se prohibirá la subasta o venta de suelos públicos destinados a vivienda protegida por encima del valor máximo de repercusión de suelos para ese uso social, y en los expedientes de recalificaciones de terrenos que conlleven una plusvalía, se hará constar quiénes han sido los propietarios de las fincas beneficiadas durante los últimos 5 años. El presidente del Colegio de Arquitectos de Burgos, David Dobarco, cree que el nuevo texto plantea una fuerte conflictividad por diversos aspectos. De un lado, para con las comunidades autónomas, por su voluntad, sustentada por la jurisprudencia constitucional, de modificar competencias urbanísticas. De otro, con el régimen hipotecario. «Propone suprimir el suelo urbanizable, heredero del originario suelo de reserva urbana y base del modelo de desarrollo del planeamiento general -planes generales y normas urbanísticas- lo que supondría ‘pinchar’ la burbuja inmobiliaria. Ni que decir tiene que las competencias financieras y económicas son difícilmente predecibles, porque detrás del proceso inmobiliario se encuentran importantes inversiones».

Fuente: UCACYL-BU / Diario de Burgos 12/03/07