El anisakis afecta a todas las merluzas y al 80% del bonito.

Nuevo golpe a la gastronomía. La prevalencia de pescados parasitados por Anisakis simplex afecta en el Cantábrico a un cien por cien de la merluza, a un 81 por ciento del bonito y a un 70 por ciento del chicharro, según los datos presentados ayer por el experto de la Unidad de Investigación Marina de Azti-Tecnalia Guzmán Díez durante la conferencia sobre esta afección en Bilbao. Además, las cifras expuestas por Díez ponen de manifiesto que su presencia en el lirio grande es del 51 por ciento, en la sardina del 40,5 por ciento, en el verdel del 33 por ciento, en la anchoa del 7,2 por ciento y en el gallo grande del 4 por ciento.

El anisakis es una infección parasitaria provocada por larvas de nematodos -pequeños gusanos- que se hospedan en las vísceras y pared intestinal del pescado, llegando incluso a encapsularse en su musculatura. La ingestión del parásito vivo a través de un ejemplar contaminado provoca en las personas desde síntomas similares a una gastronteritis hasta casos más graves, como una apendicitis o una obstrucción intestinal. No obstante, este parásito no está adaptado para persistir en el hombre, por lo que los síntomas, aunque a veces puedan ser dolorosos, no se mantienen en el tiempo, según explicó la médico de Alergología del Hospital Santiago de Vitoria Teresa Audicana. De todos modos, las alergias son mucho más frecuentes que la parasitación, de modo que, en los últimos 10 años, este centro médico ha registrado tres casos de alojamiento del indeseable huésped frente a más de 200 reacciones, la mayoría de ellas leves. Estos episodios se han dado en población mayor de 40 años, que nunca ha tenido ningún tipo de afección. El tratamiento es similar al de cualquier otra, con medicamentos y una dieta especial, según explicó la experta del hospital Santiago, que en 1994 identificó el primer caso en España y el primero descrito a escala mundial de shock anafiláctico por este animal. El vicepresidente veterinario de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, Francisco Luis Dehesa, explicó que estos parásitos, descritos desde hace 150 años, presentan mayor prevalencia en función de la proximidad a los mares del norte de Europa. Así, Alvaro Chirapozu, miembro del área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, indicó que «el Atlántico Norte, donde se encuentran los principales caladeros que abastecen de pescado a nuestro país, es uno de los mares donde se registran mayores niveles de infestación por larvas de anisakis». Además, el tiempo que transcurre entre la captura y su evisceración influye en su posterior contaminación. Según Chirapozu, «la mayoría de las especies comercializadas son susceptibles de contener larvas de nematodos vivas en las vísceras. Destacan por su mayor frecuencia e intensidad de parasitación peces como la merluza del Cantábrico, el lirio o la bacaladilla».

Fuente: UCACYL-BU / Diario de Burgos 21/03/07

 

Antón alaba el impulso a un modelo sanitario centrado en el profesional .

El consejero de Sanidad, César Antón, aseguró ayer que el la Ley del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León consolidará un modelo de recursos humanos «moderno y avanzado», centrado en los profesionales, ya que repercutirá en los derechos de estos trabajadores, ofrecerá nuevas oportunidades y mejorará su formación, según destacó durante unas jornadas celebradas en Magaz de Pisuerga (Palencia) centradas en la norma, aprobada el 28 de febrero en las Cortes de Castilla y León.

La reunión divulgativa contó con la participación de unos 200 expertos y profesionales del sector, entre ellos responsables de recursos humanos de la comunidades de La Rioja, Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Valencia, País Vasco y Murcia, quienes analizaron el documento legislativo que ha convertido a Castilla y León en la primea Comunidad autónoma en desarrollar el Estatuto Marco de una norma con rango de ley. El consejero –quien recordó que la ley era un compromiso de legislatura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera- insistió en que, a partir de ahora, se inicia el camino hacia la consolidación de un nuevo modelo de recursos humanos para las próximas décadas, «partiendo de una sólida elaboración» legislativa, que viene a recopilar y actualizar todas las normas que marcan la relación entre la Gerencia Regional y los profesionales. Antón subrayó además que la filosofía que envuelve la normativa no es otra que el principio de estabilidad en el empleo, con el valor añadido de una motivación que redundará en la asistencia que recibe el ciudadano, según sus palabras. Además, incidió en que se trata de una ley «consensuada» durante tres años de trabajo con los agentes sindicales, y agradeció su colaboración y aportaciones a estas organizaciones, a los técnicos, asociaciones, al resto de consejerías que han intervenido en el proceso, a los servicios jurídicos y a los integrantes de la Comisión de Sanidad en las Cortes.

Fuente: UCACYL-BU / Diario de Burgos 21/03/07

Un convenio permitirá que los municipios rindan cuentas vía telemática.

Valladolid acogerá el jueves 22 de marzo la segunda reunión de la Conferencia de Presidentes de Órganos de Control Externo (OCEX) Autonómicos, que abordará la firma de un convenio de colaboración con el Tribunal de Cuentas dirigido a que los ayuntamientos puedan enviar sus informes por vía telemática.

El encuentro tendrá lugar con motivo de la celebración el viernes de una jornada en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, en la que participarán los presidentes y consejeros de los órganos autonómicos y del Tribunal de Cuentas. El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Pedro Martín, resaltó ayer que la consecución de un acuerdo sobre la remisión telemática de información por los consistorios «interesa mucho» a la comunidad, ya que posee más de un tercio de todos los ayuntamientos de España, con 2.248. Martín sostuvo que lograr que las corporaciones locales rindan cuentas por vía telemática «simplificaría mucho las operaciones que tienen que realizar» y permitiría que la «revisión técnica de los informes se realizara con mayor rapidez y con menos costes». El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León aclaró que en el reglamento de 2004 de este órgano ya se contempla esta vía de recepción de datos, y en la actualidad se está estudiando la creación de un registro telemático.

Fuente: UCACYL-LE / Diario de León 21/03/07

 

Un decreto garantiza la accesibilidad en las oficinas de la Administración.

El Consejo de Ministros ha aprobado que los departamentos de atención al ciudadano estén en la planta baja o dispongan de rampas y ascensores.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que garantiza la accesibilidad de las personas con discapacidad a las oficinas de atención al ciudadano de la Administración General del Estado, que deberán estar en planta baja o, de lo contrario, dispondrán de rampas y ascensores. El Real Decreto elimina también cualquier discriminación en los accesos a impresos, medios telemáticos y cualquier otra vía de comunicación oficial con la Administración del Estado. La normativa aprobada estipula que las oficinas de la Administración deben estar correctamente señalizadas visualmente desde el exterior, de modo que resulte inteligible para las personas con discapacidad intelectual. En caso de disponer de plazas de aparcamiento, reservarán un número suficiente de plazas, convenientemente señalizadas, destinadas en exclusividad a personas con movilidad reducida. Además, los sistemas de control no supondrán obstáculo para la circulación de personas con problemas de deambulación o usuarias de sillas de ruedas, perros-guía o bastón de movilidad ni para aquellas que tengan marcapasos o prótesis auditivas. El espacio adyacente de las instalaciones, tanto interior como exterior, a la puerta de acceso debe ser horizontal y no presentar obstáculos.

Fuente: UCACYL-VA / Norte de Castilla 20/03/07

El 21% de los vehículos inspeccionados no superó la ITV el pasado año.

Casi una tercera parte de los que fueron rechazados sobrepasaron los niveles máximos de emisiones contaminantes que establece la normativa. El secretario de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras en las Inspecciones técnicas de Vehículos (AECA-ITV), Luis Rivas, afirmó en la presentación de las XVII Jornadas Nacionales de ITV, que se celebrarán los próximos días 21 al 23 en Logroño que, de los 12 millones de vehículos inspeccionados el pasado año en España, el 21% fue rechazado al detectársele, al menos, un defecto grave.

El secretario de la AECA-ITV añadió que más de 2,5 millones de vehículos tuvieron que subsanar los defectos encontrados en la ITV para poder seguir circulando. Los graves ascendieron a casi 4,5 millones y los leves, a unos diez millones. Los principales sistemas del vehículo afectado por estos defectos graves fueron los frenos, con cerca de un millón; alumbrado y señalización, con novecientos mil; neumáticos, ejes y suspensión, con 760.000; y emisiones contaminantes, con casi seiscientos mil. Asimismo, en este mismo sentido incide el reciente estudio realizado por el Real Automóvil Club de España y la empresa concesionaria de ITV, Atisae, según el cual el 30% de los vehículos revisados -turismos y vehículos ligeros hasta 3.500 kilogramos-, fueron rechazado por sus emisiones contaminantes, el 23% por superar los niveles máximos autorizados y el 7% por fugas y daños en los sistemas de escape. Rivas dijo que la detección y reparación de todos estos defectos contribuye a evitar un mayor número de accidentes anuales. También destacó que anualmente unos dos millones de vehículos no acuden a su obligatoria cita con la ITV.

Fuente: UCACYL-VA / Norte de Castilla 20/03/07

El 46% de los conflictos de trabajo donde hay mediación se solucionan.

Siete de cada diez enfrentamientos entre empresa y trabajadores se producen en Burgos, León y Valladolid .

El Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), organismo autónomo que se encarga de buscar una solución extrajudicial a los conflictos de trabajo, consiguió que el 46% de los enfrentamientos en los que intervino el año pasado acabaran con un acuerdo de las partes. En concreto, el Serla gestionó en 226 expedientes en Castilla y León de los que 104 se cerraron «con avenencia», algo que no pasó con los 122 restantes. En total llegaron a la entidad 278 asuntos, cifra que sale de añadir a las anteriores los 13 casos que fueron «intentados sin efecto», los 15 en los que sus promotores desistieron y otros 24 que finalmente tampoco llegaron a tramitarse por razones diversas. En conjunto las cuestiones laborales que atendió el servicio afectaban a 1.849 empresas y 75.433 trabajadores de la comunidad, y el grueso de ellas (166) correspondían a industrias manufactureras, seguidas a mucha distancia por firmas del transporte (21), el sector inmobiliario (18) y el extractivo (13). El balance de la actividad del Serla en el 2006 revela también que el 75% de los conflictos laborales se produjeron en Burgos (75), León (60) y Valladolid (73), algo lógico teniendo en cuenta que es allí donde se concentran la mayoría de las sociedades mercantiles. De hecho, según el Directorio Central de Empresas del INE en la región había 163.856 empresas el año pasado, de las que el 14,9%, el 19,7% y el 20,4%, respectivamente, estaban en las provincias mencionadas. El Servicio Regional de Relaciones Laborales nació al amparo del Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales, que fue firmado por CC. OO., UGT y Cecale en el marco del proceso de diálogo social el 30 de septiembre de 1996. Acudir al Serla solo es obligatorio en el caso de las convocatorias de huelga, pero lo cierto es que tanto los sindicatos como la patronal suelen recurrir habitualmente a él porque coinciden en que es un instrumento muy útil. El pacto diseñó un sistema gratuito y alternativo a los tribunales que se basa en la aplicación de dos métodos, la conciliación-mediación y el arbitraje. En el primer caso uno o como máximo dos profesionales proponen una solución a las partes, que la mayoría de las veces se enfrentan por el incumplimiento del deber de negociar. Si no llegan a un acuerdo pueden acudir a la justicia ordinaria o bien solicitar la intervención de un árbitro -al que también se puede acudir de entrada, saltándose el paso anterior-, quien después de estudiar la situación elabora un laudo que hay que cumplir por fuerza.

Fuente: UCACYL-VA / Norte de Castilla 20/03/07

32 universitarios cuentan con contrato de trabajo mientras hacen el doctorado.

La Universidad de Valladolid no solo ha hecho los deberes a la hora de adoptar el nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que en enero del 2006 sustituyó al antiguo Estatuto del Becario Investigador, sino que ha sido una de las primeras universidades españolas que ha reconocido el carácter laboral del trabajo de investigación que realizan los graduados que disfrutan de ayudas oficiales para finalizar sus estudios de tercer ciclo y obtener el doctorado.

Según explica la vicerrectora de Investigación, María del Carmen Domínguez Lobatón, la UVA firmó los primeros contratos de trabajo en prácticas adaptados al nuevo régimen jurídico establecido en el Real Decreto 63/2006 con todos aquellos que reunían los requisitos exigidos -tener el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) tras dos años de formación como becarios- el 1 de junio del 2006, justo en el plazo que fijaba el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). Y el 13 de diciembre de ese año firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Universidades por el cual el Ministerio se hacía cargo del pago de esos contratos con carácter retroactivo desde el 1 de junio. En estos momentos, la UVA tiene 78 beneficiarios de programas de ayudas financiadas por el MEC: 43 de Formación de Personal Universitario (FPU), de los que 15 ya tienen un contrato laboral en prácticas; y 35 del programa de Formación del Personal Investigador (FPI), 14 de ellos con contrato. Asimismo, 33 titulados disfrutan de ayudas de programas de la propia universidad con cargo al presupuesto del Vicerrectorado de Investigación, tres con contrato desde el 1 de febrero. Otros nueve están ya muy próximos a obtener el DEA. Estos contratos, tal y como ha reconocido el MEC, no tendrán carácter retroactivo. Por último, otros 40 titulados reciben ayudas de la Junta de Castilla y León para realizar la tesis doctoral, pero quienes cumplan los requisitos (se calcula que serán en torno a unos quince), tendrán que esperar hasta el próximo 1 de abril para formalizar sus contratos. En este caso, no será necesario la firma de convenio.

Fuente: UCACYL-VA / Norte de Castilla 20/03/07